La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522, aprobado por el Congreso nacional tras 26 años de continuidad democrática, fue construida socialmente durante cinco años y su eje fue la Coalición por una Radiodifusión Democrática, hoy Coalición por una Comunicación Democrática. Convertida en proyecto por el Poder Ejecutivo de Cristina Fernández, luego fue votada en diputados por 147 legisladores y 44 senadores y finalmente declarada constitucional por una Corte Suprema de Justicia de integración plural cuando la democracia cumplía 30 años. Y como si esto fuera poco, un Papa apoyó el concepto cultural que la ley define. Lo que sigue es una breve historia de los hombres y mujeres que encarnaron la batalla cultural más impactante de los últimos tiempos.

El 11 de marzo de 2008 fue un día clave para la «batalla cultural». Ese día, desde el ministerio de Economía del gobierno de Cristina Fernández, un joven liberal llamado Martín Loustou impulsó la resolución 125, la que se convertiría en el motor del más prolongado conflicto que la patronal agraria lanzara contra un gobierno constitucional.

La 125, una medida destinada a distribuir más equitativamente la riqueza que produce la soja, se convirtió en el detonante más conflictivo que atravesó el gobierno surgido en el año 2003. Le tocó a Cristina Fernández de Kirchner, a seis meses de asumida su primera presidencia, enfrentar cortes de ruta, piquetes de gente rica y hasta intentos de desabastecimiento. Ese conflicto sirvió para exponer, como nunca antes, el nuevo papel de los medios de comunicación.

El monopolio mediático, que mantuvo en vilo a la ciudadanía argentina, exhibió por esos tiempos su más descarado manejo de la opinión pública gracias a la cadena nacional de transmisión permanente que unía a las señales de cable de noticias con los canales de televisión abierta y en todo el país.

La Presidenta —por primera vez en su mandato, en lugar de capitular con los grandes grupos sojeros y los políticos que se subieron a las 4×4 del lockout patronal—, señaló de viva voz quienes estaban detrás de las acciones destituyentes. Desde un palco de la Plaza de Mayo y marcando los tiempos de la nueva época que allí comenzaría aclaró, a quien quisiera escucharla, que los golpistas «esta vez no vinieron acompañados de tanques sino de generales multimediáticos». Quedaron así al descubierto los empresarios de la comunicación que, amparándose en el decreto militar de Radiodifusión de la dictadura cívico-militar, desde hacía 25 años venían impidiendo que la democracia tuviera su propia ley.

El día anterior, el 30 de julio de 2008, desalojó a Julio Bárbaro, un dirigente que el mismo kirchnerismo había puesto al frente del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y que, con los años, terminó convirtiéndose en representante de los grupos mediáticos en el organismo de control de la radiodifusión. La conducción de este organismo, quedó en manos de Gabriel Mariotto y Luis Lazzaro.

Cristina Fernández amplificó públicamente el debate por la nueva ley de radiodifusión, un acto revolucionario que ningún otro presidente de la democracia se había atrevido a dar.

El 16 de abril de ese 2008, al recibir a los representantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD), Cristina había iniciado una ronda de reuniones destinada a derogar el decreto de la dictadura para instalar una nueva ley de radiodifusión. El 16 de abril, la Presidenta dio una señal muy fuerte al poder mediático y también a quienes desde hacía años venían peleando y juntando voluntades para derogar el decreto-ley de la dictadura y abrir el proceso de democratización de la comunicación.

La reescritura de la historia y la humana tendencia a la simplificación muchas veces dejan de lado cuestiones que sirven para conocer las complejas interacciones por las que se deslizan los procesos de construcción de la realidad.

El gobierno de Cristina y el tratamiento del proyecto fueron descriptos como una ley promulgada en forma express, aprobada tras un breve debate parlamentario y votada, de apuro, en pocos días.

Entre el 16 de abril, momento en el que la presidenta recibió a la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD) y la aprobación del proyecto en el Senado de la Nación —que ya contaba con la media sanción de Diputados— en octubre de 2009 transcurrieron más de 18 meses. Un año y medio de marcha, al que le sucedieron cuatro años más por imperio de las medidas cautelares impuestas por el Grupo Clarín y los jueces adictos que impidieron la aplicación de los artículos que definía el tiempo y las formas que por la Ley debía adquirir el proceso de desmonopolización.

Luego del 16 de abril de 2008, la Presidenta recibió a las centrales sindicales, CGT y CTA, a las gremiales empresarias de los diarios y medios audiovisuales, como Adepa y Cemci, ambas lideradas por el grupo Clarín, junto con las cámaras de radio y televisión ARPA y ATA.

En el mismo mes fueron convocadas las universidades públicas y privadas, sectores del cine, la cultura y las cooperativas de servicios de públicos.

Todos tuvieron posibilidad de fijar posición, pero los 21 Puntos elaborados por las más de 300 organizaciones que cuatro años antes habían constituido la CRD se convirtieron, desde esa fecha, en el eje del debate. Excepto los grupos oligopólicos encabezados por Clarín, Vila-Manzano y las cámaras empresariales, todos los demás sectores que asistieron a las reuniones apoyaron los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación; cuestión que fortaleció la Presidenta al tomar ese programa mínimo como eje del futuro anteproyecto y a la Coalición como referencia para su redacción.

La historia y sus caprichos

La historia es caprichosa porque los personajes que interactúan no siempre adoptan las reglas teóricas prefijadas y muchas veces hasta las contradicen. Sin duda, la disputa por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un triunfo eminentemente simbólico, en su origen no hizo visible la puja distributiva que oculta el manejo de la comunicación.

No fue tema central de la «batalla» por la ley ni la denominada torta publicitaria, ni la disputa por la caja con la que se sostienen los medios.

Al momento de lanzarse oficialmente la discusión por la ley en la Argentina el negocio más rentable de la comunicación era el cable, monopolizado entonces por la fusión de Cablevisión y Multicanal, a manos del Grupo Clarín, quien de esa manera se hacía de la llegada a más del 50 por ciento de los hogares que tienen suscripción por vínculo físico en la Argentina.

De todos modos, los dividendos que obtienen los medios de comunicación masiva con respecto de los que alcanzan las telefónicas son mucho más modestos, ya que dos empresas, Telecom y Telefónica, recaudaron en el último año: 10 mil millones de pesos por el manejo de la telefonía móvil y fija, con una incidencia cada vez menor de esta última y un avance de Internet.

En el país la torta publicitaria que se distribuye inequitativamente en los distintos medios alcanza un valor aproximado de 30 mil millones de pesos, de los cuales la pauta oficial, la del Estado nacional, no alcanza, en 2014, a los dos mil millones de pesos.

La discusión de la puja económica, que esconde la comunicación y la convergencia tecnológica, no fueron el tema principal de la pelea por la ley de medios. La historia, en sus caprichos, definió que en la Argentina la discusión era política y surgía de la disputa por el sentido y la agenda mediática. Por eso es conveniente seguir con la historia de la lucha nacional por la ley.

Magnetto y el fuego propio

Ante el anuncio de la Presidenta, realizado en el 2008, Héctor Magnetto, el CEO del Grupo Clarín, quedó perplejo por unos días. Él, que había impugnado la candidatura de Cristina y hostigado al nuevo gobierno con la tapas del matutino imponiendo agendas negativas, se sorprendía por la decisión presidencial de abrir el debate por una nueva ley de medios. Pero hubo más personajes complicados con la decisión presidencial.

Con el tiempo, los argentinos aprendimos a detectar cómo algunos personajes públicos se inscriben en el relato histórico jugando sus posiciones según conveniencia. Personajes que pueden pasar de un lado al otro del arco ideológico sin ponerse colorados.

No hay ningún gobierno, y menos los democráticos, que no padezcan la aparición de figuras que esconden su verdadera ideología tras un ropaje que disimula sus más profundas convicciones y veladas intenciones. La cronología, facilitada por el paso del tiempo, permite observar las mutaciones. Nobleza obliga, es preciso decir que muchos gobernantes eligen poner al frente de algunos ministerios o secretarías hombres o mujeres que le permiten un mejor relacionamiento con los sectores de poder. Un pragmatismo que surge de reconocer las limitaciones del poder propio, de la falta de cuadros políticos identificados con el proyecto o directamente para subordinación al poder real.

El 2008 fue un año intenso, sirvió para reconocer como se mueven los actores políticos cuando los conflictos se profundizan y también como asumen su liderazgo los dirigentes decididos a gobernar con autonomía del poder real.

Cuando el 23 de julio de 2008 Sergio Massa sucedió a Alberto Fernández en la Jefatura de Gabinete de Ministros, Héctor Magnetto se quedó más tranquilo. Aunque Massa duró menos de un año (renunció el 8 de julio de 2009) no dejó de hacer guiños a los grupos mediáticos. El sucesor de Fernández compartía la idea de su antecesor de no enfrentar a los monopolios mediáticos y menos avanzar con una ley de servicios de comunicación audiovisual.

En la Jefatura de Gabinete se diseñaban las políticas de comunicación. Al mando de la Secretaría de Medios quedó Enrique Albistur, un peronista militante de los 70 devenido publicista empresario y que Cristina mantuvo en ese cargo a pesar de su origen. Albistur había accedido al gabinete a propuesta de Alberto Fernández, aunque discrepara con éste por la interdicción que le impusiera a la democratización de los medios.

Massa enfrentó a Albistur y al grupo que lo acompañaba, fundamentalmente aquellos que desde la gestión, a la manera de lo que se conoce como emprendedores políticos, participábamos de la CDR.

Tras la derrota de la 125, y a pocos días de la asunción de Massa, Albistur gestionó una reunión con la Presidenta, la que cada vez más comenzaba a ocuparse personalmente de las políticas de comunicación. Massa, que fue invitado, no quedó satisfecho con la movida del secretario de Medios. La reunión, convocada en la residencia presidencial de Olivos en horas de la mañana, contó con la presencia de varios de los emprendedores que cruzábamos la gestión con la militancia por una nueva ley de medios.

Albistur mantenía viva la demanda por la ley, desoyendo las negativas que sus superiores directos —los jefes de Gabinete (primero Alberto y luego Massa)— trataban de imponerle. El publicista se las ingeniaba para pasarle a Cristina los borradores elaborados por la Coalición.

Desde el primer día, Massa mostró su brutal compromiso con las corporaciones: «Yo soy aideológico» dijo en Olivos a un reducido grupo de la Secretaría de Medios que nos quedamos con él luego que Cristina (convocada por Néstor Kirchner) se retirara de la sala.

Cristina, que se presentó a cara lavada y poco «producida», terminó de hablar y nos dijo que todas las propuestas que le habíamos planteado para la comunicación las lleváramos adelante con su nuevo jefe de Gabinete.

Este, devenido luego en el primer poskirchnerista, necesitaba dejar claro por dónde iría su gestión. Sin guardar ninguna compostura ni cuidar las formas frente a interlocutores que no conocía dijo: «Soy aideológico, pero sé muy bien para qué lado va la política y para ese lado voy». Y en irrespetuosa actitud descerrajó «que él tenía un mes para convencer a estos (en referencia a Néstor y Cristina) y en eso olvídense de la ley de radiodifusión».

El joven liberal duró en la Jefatura de Gabinete casi un año, pero en ese tiempo mantuvo su postura no positiva frente al avance de la ley de medios.

Según contaría tiempo después el periodista y editor Jorge Déboli, «Massa fue eyectado del gobierno nacional por transar con los grupos monopólicos y oligopólicos a los que en el año de gestión intentó incluir en los Convenios de Cancelación de Pasivos Fiscales, cuya aplicación en principio sólo se planteaba para los medios pymes».

Massa, un representante de los grupos, se retiraba derrotado. Deberían pasar más de tres años para que encabezara una renovación que se para ideológicamente en una de las cuñas de la restauración conservadora.

Piedra libra para Papel Prensa

La militancia a favor de la derogación del decreto-ley de radiodifusión de la dictadura y por la democratización de la comunicación se dio en las calles, en los foros, en las FM y canales de baja potencia y también en los pasillos (de la Rosada, del Congreso y de Tribunales). En los multimedios que concentraban la palabra también se concentró la reacción. En este trabajo tratamos de demostrar que, a pesar de la disparidad de «poder de fuego» de uno y otro lado, la ley avanzó hasta su promulgación, motorizada desde la base de la pirámide del poder comunicacional en sintonía con los avances democráticos que la cima del Gobierno promovió.

Jorge Déboli, impulsor y fundador, junto al editor Hugo Soto de La Voz de Bragado, de Diarios y Revistas de la República Argentina (Dypra), organización gestada al ritmo de la ley de medios, fue uno de los principales promotores de que el Gobierno utilizara su fuerza en Papel Prensa para lograr abaratar el costo del papel para los diarios pequeños de todo el país y denunciar el monopolio que La Nación y Clarín ejercen en la Argentina

«El debate de la ley desnudaría estas cuestiones demostrando que la “batalla cultural” trasciende los medios audiovisuales.

«La construcción de esta ley permitió reconocer los entramados que unieron a organizaciones sindicales, de movimientos sociales, de derechos humanos, de pequeños y microempresarios de arraigo local, de las cooperativas de servicios, de pueblos originarios desde mucho antes de la constitución de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Es ese inédito y ejemplar entramado social el que, por su diversidad desnudó el carácter monopólico del manejo de los medios. Por formar parte del par contradictorio con las grandes empresas, cada uno en su lugar social y laboral fue posible armar el puzzle de empresas e integraciones empresariales. La academia, los teóricos de la comunicación, se encontraron en una acción común con los actores que son el polo opuesto en la contradicción de clase con los grupos económicos. Lo original de la construcción de la ley está en la unidad entre tantos y disímiles sectores unidos para enfrentar a un enemigo muy poderoso económica y simbólicamente.

«Para conocer la construcción de esta ley hay que recorrer los meandros de los palacios de los tres poderes del Estado y también reconocer el maridaje de corporaciones y funcionarios, aún en los gobiernos que impulsan un Proyecto Nacional, Popular y Latinoamericano. La historia, ya se ha dicho, no avanza nunca en línea recta.

«El poder no está en un solo lugar, cada sector tiene una parte y es tarea de cada cual no ceder conocimiento ni posiciones. La disputa se da por dentro y por fuera de las instituciones y por eso es tan apasionante.

«Otro dato interesante que aparece con la ley es la irrupción de los jóvenes en las marchas y encuentros, anticipando el protagonismo que asumirán luego de la muerte de Néstor Kirchmer.

«La genealogía de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es muy diferente de la genealogía de la construcción del poder popular.

«La mayoría de los actores principales que constituyeron la Coalición se habían encontrado en las calles, en las rutas, en las plazas cuando cada uno a su manera resistía la ofensiva neoliberal de los 90. Esos años en los que fue creciendo la idea de que además de la protesta había que construir propuestas.»

Vicios y virtudes

Los orígenes de la radiodifusión argentina remiten al romanticismo de aquellos «Locos de la Azotea» que desde el teatro Coliseo el 27 de agosto de 1920 pusieron al aire la Opera Parsifal de Richard Wagner.

Lo que en un momento apareció como «un entretenimiento de aficionados que jugaban a transmitir y recibir», a poco de andar se convertiría en un negocio, imprimiendo un mito fundacional que pervive hasta nuestros días. Ya los cuatro «Locos de la Azotea» (Luis Romero Carranza, Enrique Susini, Miguel Mujica, Cesar Guerrico) discutían si debía prevalecer el interés público o el afán comercial. Por aquellos primeros tiempos se prefiguraron los vicios y virtudes que irreductiblemente arrastraron, primero la radio y luego la televisión argentina.

En 1924, el locutor Pablo Osvaldo Valle, tal vez remontándose al modelo del trueque, comenzó a canjear avisos por mercadería o servicios. La cuestión es que la mercantilización de la radio —desde ese día hasta la fecha y si bien fue un tema discutido— definió una forma de producción de contenidos y de sostenimiento de un medio que debería estar destinado a garantizar el derecho humano a la comunicación.

Con la televisión pasó lo mismo que con la radio y aunque Juan Perón promulgó la primera Ley de Medios en 1953 con la intención de defender el Proyecto Nacional y Popular que en esa época conducía, los vicios y las virtudes convivieron en un orden muchas veces perverso y hasta bizarro.

Jaime Yankelevich y uno de los «Locos de la Azotea», Enrique Telémaco Susini, fueron los promotores del primer canal argentino. Si bien Canal 7 nació estatal, el manejo fue privado. En sus albores el canal fue parte de LR3 Televisión Radio Belgrano. Los géneros que se promovieron en esos primeros años no distan mucho de los que hoy priman para obtener rating: «box, fútbol, cine, cacht as cacht can, automovilismo, danza, humor, invitados, cómicos, dibujos en el marco de una promesa básica: Todo en su propio hogar».

La matriz estadounidense de la radiodifusión argentina seguramente es la principal causa del carácter comercial de la radiofonía primero y de la televisión después.

Estas diferencias de matriz signaron el debate que impidió la existencia de una ley de medios por tantos años. Los empresarios, que paulatinamente se fueron eliminando o integrando ( a veces por las buenas y la más de las veces por las malas), construyeron el modelo monopólico cuestionado por el texto de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en el año 2009. El sujeto que promovió y dio cuerpo al concepto de la comunicación como derecho humano, renegando de la idea de negocio, fue la Coalición.

El modelo monopólico incluye la acumulación de licencias, la propiedad cruzada de medios gráficos con audiovisuales (prohibido hasta en Estados Unidos), y la imposición de un modelo productivo de contenidos centralizado en la ciudad de Buenos Aires.

Las provincias replican este modelo con empresarios que en la década neoliberal armaron grupos multimedios en los que integraron diarios, radios AM y FM, cable y señales de cable. Unificando a su vez la producción de contenidos con multiplicidad de licencias. Los canales estatales de las provincias también fueron cooptados por los canales porteños productores de contenidos, haciendo que la televisión que vieron los argentinos durante más de 60 años fuera la televisión de Buenos Aires. Desde las primeras novelas y magazine como Simplemente María o Sábados Circulares de Mancera hasta la transmisión del Fútbol de Primera.

Desde los años 60, momento de instalación de los canales privados en Buenos Aires y las provincias los que en total sumaron 50 emisoras, nunca más hubo concursos para otorgar licencias. Estas quedaron congeladas en esa década y desde ese momento ni los empresarios, ni los estados provinciales o universidades pudieron acceder a las frecuencias.

Esa regla se rompió con la irrupción de los canales de cable que surgieron 20 años después en las ciudades del interior de las provincias, justamente para garantizar que los vecinos pudieran ver televisión, cuestión que si bien democratizó en parte los contenidos no rompió tampoco con el manejo que las grandes empresas mediáticas realizaban. Lo que no se podía ver por televisión abierta ahora se veía por cable y justamente eran los canales de la ciudad de Buenos Aires y las señales de EEUU que juntas suman más del 90 por ciento de la oferta televisiva.

Los nombres de la Coalición

Esta situación fue el germen del nacimiento de canales de baja potencia que al momento de la constitución de la Coalición lideraba Martín García desde Aateco. Martín es un personaje reconocido por su permanente prédica a favor del pequeño empresariado de los medios. García es uno de los eslabones que permitieron construir la cadena que movió a la Coalición.

Los militares de la última dictadura fueron muy claros con respecto de quienes no podían acceder al manejo de los medios. El decreto-ley de Radiodifusión firmado por Jorge Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy en el año 1980 fue muy preciso en prohibir explícitamente al sector cooperativo acceder al manejo de cualquier medio de comunicación.

Durante los años donde el neoliberalismo arrasaba, Edgardo Form fue uno de los principales impulsores del Congreso del Trabajo y la Producción, una herramienta de la primera CTA (cuando aún se llamaba Congreso de los Trabajadores Argentinos) para articular una alianza con cooperativas y pequeñas empresas nacionales. En la segunda década infame, Roberto Gómez dirigía el periódico Acción. Una revista que llegaba a todos los asociados del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y que servía para difundir temas de contenido social, económico y cultural. Al momento del armado de la CRD y de la promulgación de la ley Form presidía la central de cooperativas, Cooperar. Ellos venían trabajando desde la creación del Congreso del Trabajo y la Producción (1992) con los comunicadores de la CTA, Luis Lazzaro y el autor de esta nota por un nuevo sistema de medios.

Lo que la ley no resolvió fue la sostenibilidad del nuevo sistema y tampoco clausuró el debate sobre cuál sería el modelo productivo que debía sustituir al modelo comercial, monopólico y centralizado en Buenos Aires que proponía derogar. Un modelo de negocios que tenía su origen en aquellos años locos cuando desde el teatro Coliseo transmitieron Parsifal y la Marina fue el primer organismo de control de la naciente radio nacional.

La oportunidad que daba la historia surgía precisamente de la «batalla» ideológica visibilizada por la disputa mediática de la 125 y no por la puja económica por el control de los medios, como ya se dijo.

Yrigoyen, los medios y el golpe

Así como el carácter comercial definió los inicios de la radio, también desde esa época la Argentina arrastra los problemas de otorgamiento de licencias y la intromisión de las fuerzas armadas en la radiodifusión. Fue el Ministerio de Marina el que en noviembre de 1923 les reconoció las frecuencias a las cinco radios que venían transmitiendo con permisos precarios y provisorios. El Parlamento no se había atrevido a sancionar una ley de radiodifusión.

En el año 1928 Hipólito Yrigoyen, al iniciar su segundo período presidencial, dio el primer paso para que el Estado interviniera en el ordenamiento de las radios pero no con mucho é xito.Antes del golpe que lo destituiría, se produjo lo que podría inscribirse como el primer ataque mediático. El oficialismo de esa época se quejaba de que los políticos «No estaban ni en el comité ni en la calle»” y que por el contrario «estaban en las radios». La caída de don Hipólito tuvo alta repercusión mediática. El golpe, que daría nacimiento a la Década Infame, fue el primero en ser transmitido por radio.

Ochenta años después, eran miles los radiodifusores que peleaban por la licencias, algunos venían de las micro y pequeñas empresas de arraigo local, otros de las cooperativas y, los mejor organizados, de las comunitarias.

Luego de que el chaqueño Tupac Amaru Brondo fracasara con su intento de unir a las radios de baja potencia en un armado gremial, aparece con fuerza en la CRD Osvaldo Francés al mando de Arbia. Francés encabezaba a los privados pequeños que tenían radios con permisos precarios o directamente sin permiso que emitían en FM.

Néstor Busso al frente de Farco, venía avanzando desde la Patagonia con la militancia por las radios comunitarias. Busso fue uno de los que encabezó la construcción de la Coalición y la sede de su organización fue durante más de cinco años el ámbito natural de debate y el lugar donde se firmaron los 21 Puntos. Integrante de Aler, Farco sería una de las puertas al mundo que tendría la CRD.

Francés venía de Mar del Plata, donde creó la radio Kids, dedicada al público infantil y recorrió el país organizando a los radiodifusores. La discusión de la ley convocó a estos sectores desde la búsqueda de la legalidad. Busso lideraba la pelea desde Encuentro, la FM comunitaria de Viedma, Río Negro. Por esos tiempos las empresas privadas adheridas a ARPA tildaban a estas radios de «truchas» o ilegales y vivían haciendo presentaciones en el COMFER para que éste y la Comisión Nacional de Comunicaciones les secuestraran los equipos.

Busso fue la figura visible y el interlocutor que unía la gestión de los emprendedores que estábamos dentro del gobierno kirchnerista. Esa fue la usina de articulación entre sociedad civil y Estado. Desde el COMFER, los medios públicos, Télam o la Secretaría de Medios se promovía un modelo de gestión que reconocía a las organizaciones de la sociedad y que buscaba su empoderamiento para dar una pelea que en el año 2004 no sabía si tendría algún éxito o sumaría una nueva frustración para el campo popular de la comunicación.

En 2004 otro polo de atracción a favor de derogar el decreto-ley de la dictadura lo constituía Osvaldo Nemirovsci desde la Cámara de diputados. Fue el primer legislador en reconocer a la Coalición y por intermedio de Cristian Jensen, ingeniero y su principal asesor, siguió meticulosamente cada paso de la CRD. Jensen fue otro de los que tuvieron asistencia casi perfecta a las reuniones de la Coalición. Nemirovsci tuvo como bandera de gestión el tema de la ley y enfrentando el clima adverso que todavía se hacía sentir por los efectos del «que se vayan todos» fue de los primeros diputados en salir a la calle a debatir con la gente el tema de la comunicación.

Made in United State

Una característica distintiva que tuvo la CRD fue su afán de representar a todo el país. Y esto estaba dado por las características de las organizaciones de base que contenía en su seno, pero también por la inserción de muchos de los líderes de esas agrupaciones o de los emprendedores que movilizaban los 21 Puntos. El federalismo que se corporizaba en el núcleo duro de la CRD le dio el atrevimiento para enfrentar décadas de historia de una televisión atada al puerto. Porque la televisión que conocimos los argentinos fue siempre de Buenos Aires. Pero ese fenómeno tenía sus raíces en el modo de producción que la Coalición pretendía desterrar. Un desafío descomunal que implicaba un fenomenal cambio cultural.

Fue el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica que impuso las cadenas de canales que transmitían la misma programación que Buenos Aires, así el país reía con los mismos chistes, lloraba con las mismas novelas y debatía lo que amaba u odiaba Buenos Aires.

Redes e integración horizontal de empresas periodísticas de diarios ya se imponían en el gobierno de Juan Perón. En junio de 1954 Radio El Mundo fue para la editorial Haynes, la red encabezada por LR4 radio Splendid fue para el diario La Razón, la red de Radio Belgrano y LR3 televisión en una privatización fue para el empresario peronista Jorge Antonio y Víctor Madanes.

Ya en los 60 vendrían los americanos con sus series y modelo comercial de producción de televisión. También impondrían el modelo de cadenas con cabecera en Buenos Aires. Y, aunque la legislación impuesta por la llamada Revolución Libertadora en contra la Ley de Radiodifusión de Perón mantenía la prohibición de ingreso a la televisión de capital extranjero, las cadenas de Estados Unidos se las ingeniaron para imponer su modelo. La crisis en su país de origen les impuso el avance sobre los países dependientes no sólo en modelo de producción sino también en aparatos de televisión y toda la tecnología que acompaña el proceso.

La extranjerización de la televisión se inscribía en esos conceptos impulsados por el dictador Pedro Eugenio Aramburu, quien en 1958 estableció las condiciones que en materia de comunicación tendría el futuro presidente Carlos Menem. La misma táctica que utilizarían los dictadores que en 1980 escribieron el decreto de radiodifusión que luego de 26 años sería derogado por la presidenta Cristina Fernández.

Si bien no habían padecido la dictadura fusiladora, la mayoría del núcleo duro de la CRD había ingresado a la política en los años 70. Tenían esta historia en la cabeza cuando redactaron los 21 Puntos. Muchos habían sufrido exilio, secuestro o persecución durante la dictadura militar de Jorge Videla y formaron parte de la resistencia a las privatizaciones de Carlos Menem. Cristina Fernández tiene la misma edad que muchos de los integrantes de la Coalición y padeció las mismas vicisitudes políticas que ellos. Pero como ningún otro ciudadano la Presidenta, luego de promulgar la 125, hubo de enfrentar el más grosero modelo de amedrentamiento que casi diariamente la somete a simulacros de linchamiento o fusilamiento mediático

Pero sigamos con los datos de la década del 60. Fue por esos años que el canal 9 se convirtió en el primer canal privado de la Argentina. Nació luego de asociarse a la National Broadcasting System (NBC). Luego vino el 13, que fue el segundo en ganar aire con la Columbia Broadcasting System (CBS) ycon una extraña conjunción de apoyos de la Unión Cívica Radical y la oligarquía agroganadera.El último de los canales porteños en alcanzar la pantalla fue canal 11 que nació asociado a la American Broadcasting System (ABC).

También por esa época y tanto como para reafirmar el carácter comercial del sistema surgen las empresas privadas medidoras de audiencias, al principio fueron dos y competían: IPSA y el Instituto de Verificación de Audiencia. Los socios de éstas eran los propios canales, las productoras y las agencias de publicidad.

Los militantes de la comunicación que integraban la Coalición tenían todas estas cuestiones en la cabeza. En los primeros momentos fueron los teóricos e historiadores de la comunicación Damián Loretti, Guillermo Mastrini y Martín Becerra los que alimentaban las ideas con las que finalmente se conceptualizarían los 166 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Susana Sel, de la Universidad de Buenos Aires, fue una paciente articuladora de personalidades y activa militante de las que peleaba por impedir que la confrontación en las discusiones debilitara el contenido de la legislación; contenido que se enriquecía con la participación de cada integrante que se acercaba a la Coalición.

La Academia, los trabajadores, los piqueteros, los organismos de derechos humanos se unieron en la CRD en una articulación inédita en la historia argentina. Equilibrios que fueron difíciles de mantener por la idiosincrasia cultural autóctonaen la que, para dar algunos ejemplos, podemos recordar las diferencias que enfrentaban a cooperativistas con trabajadores, a sindicatos entre sí por distintos encuadramientos gremiales nacionales e internacionales u organismos de derechos humanos que venían de profundas divisiones. El Proyecto Nacional que se iba uniendo bajo el liderazgo de Néstor y Cristina fue el marco de contención que atemperaba las diferencias. Pero para todos ellos la pelea por la democratización de los medios aparecía como una demanda que permitía superar las diferencias.

La promoción del proyecto de ley asumía las virtudes y defectos de la radiodifusión argentina y sobre esa base enfrentaba las integraciones verticales y horizontales que habían sido moneda corriente en la radio y televisión argentina. Desde la CRD se articula una legislación muy rica y profunda destinada a desmontar la estructura montada a lo largo de 60 años en televisión y 90 en radio.

Pelota que va en el aire

Dos símbolos de la época peronista fueron el fútbol por televisión y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La primera emisión de un partido de fútbol por Canal 7 se hizo el 18 de noviembre de 1951. Fue en el viejo gasómetro, jugaron San Lorenzo y River y el programa fue auspiciado por YPF, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de la Nación.

Ya en sus orígenes la disputa económica atravesó la televisación de los partidos. Fueron los jugadores de Independiente quienes en cancha de Boca se negaron a jugar hasta que el relator Ricardo Lorenzo —más conocido por su seudónimo «Borocotó»- se comprometió, en nombre de la Canal 7, a pagar un canon a los jugadores. Desde ese día nunca más la pelota rodaría sin que algún interés económico la manchara.

Ver fútbol en forma gratuita fue un derecho que los argentinos adquirieron y gozaron por más de 30 años. Pero la privatización menemista y la concentración monopólica encerraron los partidos de primera en la cajita de canal 13 con transmisión exclusiva por cable. Es por entonces que comienza la distorsión del término «derechos». Ya que pasaron a ser «derechos» a la televisación en lugar de derechos de los ciudadanos a ver partidos de fútbol, automovilismo o boxeo. Con la lógica de mercado, estos espectáculos se privatizaron y fueron llevados con exclusividad al cable.

Los periodistas y camarógrafos que cubrían el fútbol como noticia fueron prohibidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ya no podían ingresar a la cancha y tampoco transmitir el partido, ya que eso había quedado en manos del canal de Clarín. Como si eso fuera poco, tenían prohibido hacer notas y grabar escenas del partido, entrevistas, vestuarios o escenas de ambiente. No sólo se apropiaban de los partidos y «secuestraban» los goles hasta la noche del domingo a las 22 horas, sino que también se apoderaban de la información futbolística. Sólo un canal tenía derecho a la información. Esos cientos de periodistas deportivos que tuvieron que reciclarse nunca perdonaron al Grupo. La pelea por la ley les dio la posibilidad de vengarse de aquel atropello.

El fútbol fue igualmente la herramienta que utilizó el Grupo Clarín para presionar a los cables surgidos y administrados por los empresarios pymes de cada ciudad. Clarín llegaba con el fútbol y abría una canal de cable. Con la exclusividad del fútbol «apretaba» a los canales. Con el tiempo, y ante la imposibilidad de transmitir los partidos, éstos perdían clientela y Clarín se quedaba con la licencia local de cable. Una vez liquidada la competencia, el Grupo intentaba cerrar la señal local. De esta manera, la ciudad se quedaba sin información propia y los trabajadores que hacían programas periodísticos o de información general se quedaban sin trabajo.

Fue Néstor Kirchner, poco antes de que la ley se promulgara, quien devolvió a los argentinos los goles del fin de semana. Contra viento y marea (promovida por el Grupo Clarín) no dudó en avanzar con una decisión que le quitó al monopolio lo que le correspondía al público. Subiendo la apuesta económica que el Grupo Clarín le ofrecía a la AFA por la televisación exclusiva, Kirchner llevó el fútbol al lugar de origen: Canal 7.

Del paro inicial de los jugadores de Independiente, la AFA —dirigida hoy y desde hace mucho tiempo por Julio Grondona— accede por los permisos de televisación de los partidos a un monto superior a los 1.000 millones de pesos que se distribuyen entre los equipos de primera sin demasiada equidad. Pero la inversión del Estado en la televisación de los partidos de alguna manera llega a los que lo hacen y por supuesto es el contenido más democráticamente distribuido de la cultura nacional y popular.

La privatización y los trabajadores

Los trabajadores de los canales de televisión fueron los primeros en padecer el tsunami privatizador. Carlos Menem, inmediatamente de asumido dejó en manos privadas radios y canales de televisión. Gracias a la Ley de Reforma del Estado, una ley ómnibus por la que las empresas estatales pasaron a manos de las corporaciones, el Presidente y su ministro Roberto Dromi facilitaron la integración vertical y horizontal de las empresas de medios.

La ley que llevó el número 23696, fue sancionada el 17 de agosto de 1989. Los alcances fueron demoledores para lo que hasta ese momento eran los pilares de la Nación. Sin que ninguna medida cautelar lo impidiera cayeron Entel, Aerolíneas Argentinas, ELMA, YCF, Dirección Nacional de Vialidad, YPF, Ferrocarriles Argentinos, Correos, Junta Nacional de Granos, Subterráneos, petroquímicas, Gas del Estado y en ese combo se privilegió la prioridad de todos los medios de comunicación en manos del Estado. Por la lucha de los sindicatos y los trabajadores, se salvaron Canal 7 y Radio Nacional y sus emisoras. Las «joyas de la abuela» o las frutillas de semejante postre fueron Canal 11 y Canal 13.

La preadjudicación del Canal 13 fue un proceso infame. Con un concurso hecho a medida pasaría rápidamente a la empresa Clarín, que todavía no era un grupo económico. En El hombre de Clarín, biografía autorizada de Héctor Magnetto escrita por José Ignacio López, exvocero de prensa de Raúl Alfonsín, el mandamás del Grupo cuenta que Carlos Menem, antes de asumir, lo llamó a La Rioja para decirle que en su gobierno, los diarios (el diario) accederían a manejar canales de televisión. Y Menem cumplió, Clarín obtuvo Canal 13 y allí empezó su camino al monopolio.

La Coalición no existía, pero por ese entonces, los trabajadores de los medios se juntaron. En protesta marchamos al Teatro Broadway y en la entrega del Martín Fierro todos los premiados pidieron al nuevo Presidente que no cerrara los canales de televisión. Amenaza que el riojano había proferido bajo el pretexto de que los canales daban pérdida. Las estatuillas de Martín Fierro, que habían nacido en el año 1959 para dar impulso a la apertura de la televisión al sector privado, fueron el arma dorada que los integrantes de la farándula blandieron asociándose a los trabajadores para parar el cierre de los canales.

Menem no cerró los canales y en una de las tantas promesas incumplidas dijo: «Les propongo que los trabajadores coadministren los canales y si demuestran que no dan pérdida, no los privatizo». Eran momentos de zozobra, como un aluvión los trabajadores eran sorprendidos con medidas que les quitaban derechos y en el Ministerio de Trabajo, en el que estaba Jorge Triacca, cada vez era más evidente que, en cada conflicto, el Gobierno inclinaba la balanza a favor de los empresarios. El camino de la indefensión sindical culminaría con la baja de salarios y los despidos en masa en el Estado, el cierre de los ramales ferroviarios la desaparición de ciudades enteras. La paralización de la explotación carbonífera de Río Turbio comenzaba con la privatización de los canales de televisión.

En esos momentos hay que buscar una de las raíces en las que se asentaría la CRD. En 1989 comenzó la articulación sindical de los gremios de la Comunicación, allí nació la Cositmecos.Se unieron organizaciones sindicales que hasta ese momento sólo tenían algunos acuerdos que ponían en acción en época de grandes conflictos.

Con el andar, la Cositmecos, presidida por Néstor Cantariño del SAT, sumaba a periodistas, locutores, operadores de radio y televisión, gráficos, canillitas y actores, extras y administrativos del audiovisual y se convertiría en una herramienta importante de donde saldrían proyectos de ley de medios y se constituiría en un actor fundamental a la hora de discutir la comunicación en la Argentina. Por eso fue pilar de la CRD.

Los indios estaban cabreros

La Coalición se reunía habitualmente en la calle Piedras 575, donde funcionaba Farco, un día de los más tumultuosos y cuando ya se estaba llegando a la letra fina de la redacción de la ley se acercó un grupo grande de representantes de los pueblos originarios. Con el mapuche Matías Melillán y Julio Leiva, un qom de imponente aspecto, junto a una decena de representantes de distintas etnias que habían viajado desde las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Neuquén y Río Negro, ingresaron a la reunión con gestos adustos y caras de pocos amigos.

Los organizadores de las reuniones —contentos con la buena acogida que había tenido en el Gobierno la reserva de espectro del 33 por ciento para las organizaciones sin fines de lucro— creyeron que los originarios aceptarían quedar incluidos en ese espacio. No fue así. «Nosotros somos pueblos que antecedieron a la Nación, no somos organizaciones sin fines de lucro» afirmaron y defendieron con firmeza.

Finalmente, los pueblos lograron imponer su criterio. La Coalición, asumiendo ese mandato, defendió que los pueblos originarios fueran incluídos en la redacción final del proyecto entre las personas de existencia ideal de derecho público por fuera de las organizaciones sin fines de lucro; como sucede con la Iglesia Católica, el Estado y las universidades. Una demostración de la democracia con la que se debatió y gestó la ley.

Bergoglio, un aliado estratégico

La Iglesia Católica no venía bien con el Gobierno. La discusión de la 125 había llevado a Néstor Kirchner a reconocer el papel político de los medios y también a incluir el arzobispado de Buenos Aires como parte de la oposición. Por otro lado, el entonces obispo Jorge Bergoglio así lo dejaba trascender en los medios y también lo hacían los referentes de la oposición política luego de cada contacto reservado. Pero el jesuita, hombre discreto y con fuertes reminiscencias peronistas, jugaba los intereses de su organización en un tablero más grande que el de algunos opositores. La Conferencia Episcopal, hizo abstracción de ese debate político y apoyó los 21 Puntos, la redacción del proyecto de ley y las negociaciones hasta su aprobación parlamentaria. Semana a semana, el sacerdote Javier Soteras, director de radio María, participaba de las reuniones.

Otro hombre de la Iglesia que supo confirmar la posición que ésta tenía con respecto al proyecto de ley de medios audiovisuales fue monseñor Agustín Radrizzani, un salesiano a la sazón presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social. Por otra parte, a nivel institucional, Gabriel Mariotto, interventor del COMFER, seguía el tema con el propio cardenal Bergoglio, así que por arriba y por abajo la ley tenía acuerdos conducentes y efectivos.

El jueves 10 de setiembre de 2009, Radrizzani participó de la audiencia pública que se desarrollaba en la Cámara de Diputados y dijo que la «ley como fue presentada parece un paso adelante para que los pobres, los sin voz sean contemplados». De esa manera desmintió con hechos el operativo de prensa de Clarín, que pretendió enfrentar a Radrizzani con quienes defendían el contenido y el tratamiento del proyecto de ley diciendo que la iglesia se oponía.

La ley interpela el modelo de estado

La ley además de una construcción plural se convirtió en una síntesis de distintos pensamientos, unidos todos para revertir los vicios y virtudes que arrastra la comunicación en la Argentina desde el nacimiento del audiovisual.

La aplicación definitiva de la ley, queimplica un cambio de paradigma, requiere una modificación también de la visión que la política en general tiene del rol del Estado y de la inclusión del ciudadano.

En el trasfondo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual subyace un concepto nuevo de lo público. La ley define la desmonopolización del sector privado comercial, define lo público estatal, universitario y religioso pero fundamentalmente otorga una reserva del 33 por ciento del espectro radioeléctrico para los medios públicos no estatales, reconocido en el texto de la legislación como privado sin fines de lucro.

El público como sujeto

En ese sentido se impulsó ya en el año 2004 la inclusión en los 21 Puntos de la construcción de la Defensoría del Público. Cuando ni se vislumbraba el debate y la decisión política que Cristina adoptaría a partir de 2008, los fundadores de la CRD ya planteaban la inclusión del público en el debate sobre el modelo de comunicación. «Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público».

Luego de tres años de promulgada la ley, la periodista Cynthia Ottaviano, se convertiría en la primera defensora del público con un poder que no tiene ninguna otra defensoría de los públicos en el mundo. Además y para mantener los equilibrios, la CRD definió en la redacción de la ley que esta figura no dependiera del Poder Ejecutivo sino de una Comisión Bicameral creada ad hoc.

Comando antiley

Al momento del tratamiento en el Congreso, en el Hotel Savoy, ubicado a pocas cuadras del Congreso, se había instalado el comando antiley. Dirigido por el CEO de Clarín, Hector Magnetto, lo acompañaban en la jugada Daniel Vila y José Luis Manzano, los representantes del Grupo Uno, el segundo grupo mediático en importancia con manejo monopólico en las provincias de Mendoza y Santa Fe.

Mientras en el Savoy se tramaba la estrategia mediática, en el Congreso el liderazgo lo tenía la diputada Silvana Giúdice, entronizada como la vocera de los grupos mediáticos que, con fuertes campañas, se oponían primero al tratamiento del proyecto de ley, luego impugnando su contenido o intentando dejar sin quórum el recinto. En diputados fallaron todas las estratagemas. La ley salió con el apoyo de 147 votos que sumaron al Frente para la Victoria, los partidos Nuevo Encuentro, Socialistas de Santa Fe, Movimiento Popular Neuquino, la Concertación y Solidaridad e Igualdad.

La oposición, con la intención de ganar tiempo y dilatar el tratamiento en el recinto, proponía que las audiencias públicas se trasladaran a las provincias. Su objetivo era aguantar hasta el mes de diciembre donde el kirchnerismo perdería su hegemonía en las bancas. El 28 de junio de 2009 había marcado el punto más bajo de adhesión al gobierno nacional. De Narváez le había ganado por poco a Néstor Kirchner en provincia de Buenos Aires y los diputados que mayoritariamente asumirían en diciembre revertían la mayoría en Diputados.

Por eso para la CRD la ley salía o salía en el período que iba de junio a diciembre o debería esperar algunos años más hasta que se revirtiera la proporción de diputados liderados por Néstor Kirchner. El expresidente y Cristina asumieron en ese momento que debían avanzar con las leyes más progresistas y populares o la reacción conservadora y neoliberal impediría los avances estratégicos. Por eso entre junio y octubre se avanza con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y también con la Asignación Universal por Hijo. Un esfuerzo descomunal que le costaría la vida a Kirchner que, en poco tiempo, dio vuelta la historia. Con la 125 como prueba de fuego, Néstor y Cristina demostraron que ante las derrotas en lugar de negociar con los grupos de poder la alternativa siempre fue profundizar el rumbo político y económico. En 2008 y luego de la derrota de las retenciones móviles, el gobierno de Cristina Fernández ya había avanzado con la recuperación de Aerolíneas Argentinas para el Estado nacional y la jubilación dejó de ser privada.

En Diputados la estrategia fue la de no dar quórum y dilatar, cuando finalmente el proyecto llegó al recinto intentaron vaciarlo llevándose tras de sí a un centenar de diputados. Cuando éste pasó al Senado con media sanción, el planteo fue pedir que se corrigiera aunque sea una coma del articulado. En lugar de la Giúdice aparecieron liderando Ernesto Sanz, senador por Mendoza y Gerardo Morales de Jujuy, ambos radicales.

Uno de los argumentos esgrimidos por los senadores fue que en el texto que venía con media sanción no se contemplaban los 21 Puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

Desafío al mito fundacional

Si la promulgación de la ley implica un hito histórico para la democracia Argentina, la construcción de la CRD y su tarea de articulación y organización interna, su funcionamiento durante tantos años, es un hecho inédito difícil de repetir en la historia de las luchas populares.

El desafío planteado por la Coalición, de resumir en una ley las contradicciones planteadas en la infocomunicación de la Argentina, trasciende la epopeya escrita entre los años 2004-2009 y descripta brevemente en este artículo.

Un mito fundacional le imprimió a la radiodifusión argentina un carácter comercial que recorrería toda su historia, incluyendo la aparición de la televisión que, aunque en manos estatales en el primer gobierno de Perón, no pudo salir de la lógica mercantilista. La publicidad y la pauta publicitaria sea estatal o privada serán el botín más buscado por los hacedores de los medios audiovisuales.

La falta de legislación para el otorgamiento de las licencias y el temor de la política a enfrentar los intereses privados fueron construyendo el sustrato que posibilitó la concentración de medios que en los años 90 del siglo pasado dieron origen al monopolio mediático. Un dispositivo tecno-económico que desde la radio y fundamentalmente desde la televisión condicionó a los gobiernos, marcando una agenda en la que por muchos años condicionara las políticas públicas.

La televisión de la ciudad de Buenos Aires por imperio de la constitución de las redes primero y el manejo del cable por Multicanal del Grupo Clarín, fue la televisión que formateó las formas de reír y de llorar de todos los argentinos. Fue la línea imaginaria que, detrás de los personajes públicos, tejió el modelo productivo que desde los medios intentó trasladarse a todas las actividades del hacer económico.

Pero para poder gobernar por fuera del mandato del dispositivo tecno-económico-mediático controlado por los grandes grupos económicos y transnacionales, Néstor Kirchner comprendió que era necesario romper con el modelo monopólico.

Si el neoliberalismo comenzó con la privatización de los medios, tal como se pudo constatar al momento de promulgarse la Ley de Reforma del Estado, el kirchnerismo tuvo que pasar por la derrota sufrida tras el intento de aplicación de las retenciones móviles. Fue tras la traumática resolución 125 que Cristina Fernández definió que aunque” le fuera la vida en el intento” derogaría la Ley de Radiodifusión de la dictadura e impulsaría una nueva legislación antimonopólica y multiplicadora de las voces.

Los desconocidos de siempre

La Coalición tuvo un modelo inédito de construcción y funcionamiento. Nadie puede atribuirse un papel preponderante, ni se resume en ninguna persona una construcción plural, interdisciplinaria y multisectorial. Pero de no ser por la convicción y militancia de un grupo de emprendedores políticos, ninguno con la condición de líder de alguna organización de masas, la CRD no hubiera existido.

La reconstrucción de lo realizado, por lo menos hasta el 15 de abril de 2010, día en el que la Coalición convocó frente a Tribunales a la más grande marcha por una demanda cultural a la Corte Suprema de Justicia, puede tener tantas formas como protagonistas. Esta no es más que un intento de imprimir hechos y protagonistas en la historia reciente de los argentinos,

Las universidades aportaron a la construcción de las ideas fuerza que forjaron el paradigma comunicacional que encierra la ley de medios audiovisuales.

Entre los hombres y mujeres que desde la academia aportaron a los debates y organización de la CRD están Liliana Lizondo de Tartagal, Salta; Marita Matta de la Universidad de Córdoba, Eduardo Seminara de Santa Fe, Susana Sel, Glenn Polstolsky de la UBA; Alejandro Verano de la Universidad de La Plata y Omar Turconi desde Aruna, radios universitarias.

En la intersección de la academia y los movimientos sociales y estudiantiles aparece Walter Formento. En múltiples articulaciones y en la redacción final desde la militancia de la Coalición sobresalen Damián Loretti y Luis Lazzaro. Loretti, además de aportar con precisión a los contenidos de toda la Ley fue la representación del CELS, espacio que sumó además a Diego de Charras, Luis Lozano, Diego Morales, y Andrea Pochak.

El aporte teórico y militante de Guillermo Mastrini y Martín Becerra, presentes por momentos en las reuniones, pero siempre atentos a fortalecer los conceptos que se impulsaban.

La representación de los profesionales del cine y la televisión que integraron la CCD casi permanentemente recayó en David Coco Blaustein y Rodolfo Hermida.

La Coalición además de las reuniones en Piedras 575 se mantuvo conectada vía mail y en eso fue clave la tarea de Gonzalo Carbajal quien además aportó en la elaboración del texto de la ley y también con su participación en múltiples foros.

Del sector cooperativo, desde siempre estuvieron en la Coalición, Edgardo Form quien además presidía Cooperar; Roberto Gómez del IMFC y el abogado cordobés Miguel Rodríguez Villafañe. Luego y ya más cerca de la aprobación de la Ley se sumaría Felipe Bóccoli que era el articulador más claro con el Inaes y Alberto Calvo de Colsecor, la red cooperativa de cables.

Aunque la ley que se tramitaba era de los medios audiovisuales los diarios pyme y del interior tuvieron en Jorge Déboli su representante quien fue puente también para la lucha por Papel Prensa.

Los pueblos originarios por medio de hermanos de varias etnias participaron de las reuniones de la CCD, wichis, qom, kollas y mapuches entre otros. Matías Melillán quien terminó siendo el primer integrante de un pueblo originario en el Consejo Federal del Audiovisual siempre estuvo acompañado en las reuniones: en distintos momentos estuvieron Carlos Catrileo hoy director del Wall Kintum primer canal mapuche en Bariloche ; Mauricio Fernández, diaguita de Tucumán; Laura Mendez y Armando Kispe (kollas de Jujuy); Kispe dirige la radio Pachacutik de Abra Pampa, Luis Gimenez ( wichi de Tartagal, Juan Chico qom de Resistencia, Chaco; Julio Leiva qom de Río Bermejito en el Impenetrable chaqueño donde dirige la radio y Diego Ferreyra mapuche son algunos de los que trajinaron hasta Piedras 575.

Pedro Lanteri de Radio de las Madres fue motor de la Coalición y articulador con una organización que a través de Hebe de Bonafini, muchas veces hizo escuchar las voz y la demanda de la Coalición en la Casa Rosada. Lo mismo sucedía con Adolfo Perez Esquivel y Estela Carlotto quienes reconocían en Néstor Busso de Farco su representante en la CRD.

Por los sindicatos de la comunicación y desde las distintas pertenencias a la CTA y la CGT que por los comienzos de la Coalición y hasta el año 2010 participaron en la lucha están Néstor Cantariño y Horacio Arreceygor, del Satsaid; José Insaurralde y Eduardo Granero de la Fatpren; José Conte del Sutep; José Pérez Nella y Sergio Gelman, este último responsable de la comunicación luego de la promulgación de la ley, Vicente Álvarez y Osvaldo Sorrentino, del Sindicato de Publicidad, Adrian Caiafas del SICA; Norberto Gonzalo, Luis Alí y Daniel Alvaredo en distintos pero siempre presente la Asociación de Actores.

Los sindicatos de la Fetracom (trabajadores de prensa) que no estaban en la Fatpren tuvieron su más clara expresión en la presencia permanente de Stella Hernández y de su secretario general Edgardo Carmona. También desde la CTA supo participar el secretario de Prensa y dirigente del gremio de los periodistas (Cispren) de Córdoba Juan Carlos Giuliani.

Los representantes de los trabajadores de la comunicación supieron representar y convocar (cuando así se requirió) a los referentes de las centrales sindicales: Hugo Moyano, Julio Piumato, Víctor De Gennaro y Hugo Yasky.

Las organizaciones sociales que más influyeron en la CRD fueron: la FTV, Luis D´elía quien desde los piquetes de La Matanza tuvo claro el tema de incidir en los medios y denunciarlos, fue un activo motorizador de marchas y actos. También fueron de la partida Libres del Sur y el Movimiento Evita, estos con una fuerte participación desde las provincias y el Frente Transversal. Pablo Espejo fue la expresión de Luis D´elía, Emilio Pérsico tuvo varios representantes entre los que se destaca Carlos Sozzani. Pascual Calicchio y Santiago Martinez fueron la voz constante en las reuniones de Humberto Tumini y de las diputada cordobesa Cecilia Checha Merchan. También participaron la Tupac de Milagro Sala, Descamisados de Lorena Pokoik y Los Pibes de la Boca de Lito Borello.

Una nota sobresaliente sobre integración a la CRD la expresan los músicos de la Unión de Músicos Independientes que se sumaron a la organización luego de la aprobación en la Cámara de Diputados del 2 por ciento para el Instituto de la Música que ellos postulaban. Diego Boris, Cristian Aldana y Guillermo Tello fueron desde ese momento puntales de la Coalición,

Los micro y pequeños empresarios de arraigo local (como finalmente fueron reconocidos por el texto de la Ley en la redacción final del art. 21) se representaron a través de Osvaldo Francés y también por Martín García, Víctor Shajovich, Mario Valiente, Osvaldo Rossi y Miguel Dispalatro.

Farco que jugaba de local sumó en su representación a Gustavo Videla, Mariela Pugliese, Diego Jaimes, Ariel Waiman, Mario Farías en Córdoba y Daniel Fossarolli en Rosario, Santa Fe.

Amarc tuvo su representación en Liliana Belforte organización que también amplificaba las luchas en el exterior.

Marcela Gabioud y Amanda Alma fueron las voces más constantes de la Red Par (periodistas de Argentina en Red/Por un periodismo no sexista). Aunque con pocas militantes, la Red siempre se las ingenió para estar presente en cuanta movida se hiciera en la Capital Federal y en cada provincia argentina.) Marcela también fue expresión de la WACC y por lo tanto uno de los nexos internacionales de la CRD.

La iglesia católica tuvo en el padre Javier Soteras su expresión más clara y militante, el cura además coordinaba acciones con la doctora Susana Pachecoy.

Hubo un grupo de funcionarios que militaron por la existencia, permanencia e incidencia de la Coalición. Fueron los que a través de Oscar Parrilli, Enrique Albistur y Gabriel Mariotto llegaron a Eduardo Zanini, Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández. Este pequeño grupo que no excluye a otros que se sumaron a la lucha por la Ley pero que participaron concretamente en la Coalición son Roberto Brennan, Sergio Fernández Novoa, Luis Lazzaro y Néstor Piccone, autor de estas páginas quien junto a Néstor Busso y Roberto Gómez son los que participaron de más reuniones.

La Coalición nunca hizo actas ni guardó registro de asistencias, por eso que los nombres que aquí figuran son los que más presencia tuvieron a lo largo de por lo menos los seis primeros años y que están inscriptos en la memoria de quienes asistieron a las encuentros.

La gente, la Iglesia y el poder democrático

La historia posterior a 2010 tiene otras características y reconoce nuevos actores —como Marcelo Valente, Mónica Bianchi, Claudio Bernardez, entre otros— e inclusive un cambio de nombre: Coalición por una Comunicación Democrática.

La existencia de la Coalición y los 21 Puntos básicos por una nueva ley de radiodifusión, escritos cuatro años antes que la primer convocatoria realizada por Cristina Fernández, expresan la esperanza de un colectivo que con más intuición que certezas se atrevió con el núcleo de ideas que revolucionarían la comunicación argentina.

Los cuatro años que la justicia demoró en definir la constitucionalidad de la Ley de SCA engrandecen aún más la epopeya popular que la gestó. La ley de medios tiene muchos elementos como para que alguien intente derogarla.

Llegó luego de 26 años de continuidad democrática. Fue construida socialmente durante cinco años, convertida en proyecto por el Poder Ejecutivo de Cristina Fernández, votada en diputados por 147 legisladores y 44 senadores y finalmente declarada constitucional por una Corte Suprema de Justicia de integración plural cuando la democracia cumplía 30 años. Y como si esto fuera poco, un Papa apoyó el concepto cultural que la ley define.

La Ley es una decisión de la política que establece que se puede desmonopolizar en la Argentina. La Madre de todas las Batallas, la cultural, es un mandato escrito en forma de ley.

* Periodista, licenciado en Psicología, militante de la comunicación.